La Corte Constitucional del Ecuador ha emitido un comunicado en el que expresa su preocupación por acciones que podrían comprometer su seguridad institucional. Esto sucede en el contexto de una marcha convocada por el presidente Daniel Noboa, quien critica la reciente suspensión de artículos de leyes clave para su gobierno. Este desafío se intensificó cuando el vallado perimetral habitual de la Corte fue retirado sin previo aviso, generando un clima de tensión y desconfianza hacia la movilización.
La marcha, organizada por el partido oficialista Acción Democrática Nacional, se dirige hacia la sede de la Corte con el fin de mostrar apoyo al presidente y criticar a los jueces responsables de suspender leyes que Noboa considera esenciales para combatir la corrupción y el crimen. A pesar de que el gobierno ha insistido en que la movilización es pacífica, hay inquietudes sobre la presión que podría representar sobre el máximo órgano de control constitucional del país.
Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte ocurre en un contexto de estado de excepción en varias provincias y un ambiente político altamente polarizado. Mientras algunos defienden el derecho a protestar, otros advierten sobre el potencial daño a la independencia judicial y los riesgos para la seguridad de los jueces involucrados en la controversia.
