El anuncio de despidos masivos en Petroecuador, que afecta a 936 trabajadores, ha generado una ola de críticas y protestas en el país. La empresa estatal de hidrocarburos justificó la medida como parte de un plan de reestructuración para optimizar recursos y ahorrar más de 31 millones de dólares anuales. Sin embargo, organizaciones sindicales como ANTEP y SINTEP han denunciado el impacto negativo que esta decisión tendrá en áreas clave de la operatividad, alertando que se pone en riesgo la producción petrolera y la soberanía energética de Ecuador.
Los sindicatos argumentan que el ahorro representado por los despidos es marginal frente al presupuesto anual de Petroecuador, y destacan que la empresa ya había realizado reducciones de personal en meses anteriores. A pesar de la promesa del Gobierno de que las funciones de los despedidos serán asumidas por otros empleados, hay preocupación por la carga de trabajo adicional que enfrentan los geólogos y el equipo de ingeniería, lo cual podría derivar en errores técnicos y afectaciones en la producción de crudo.
Las protestas han estallado en varias ciudades, incluido Quito, donde los trabajadores y sus representantes exigen la reincorporación de los despedidos. La situación se complica al enmarcarse dentro de un plan más amplio del Gobierno para modernizar el sector público y cumplir con compromisos internacionales. Sin un plan efectivo que garantice la continuidad operativa y la capacidad técnica del sector, el futuro de Petroecuador se muestra incierto.
