La Corte Constitucional de Ecuador se enfrenta a una nueva demanda presentada por gremios del sector minero que buscan frenar el cobro de una nueva tasa de fiscalización impuesta por el gobierno. Esta tarifa, diseñada para fortalecer el control de la actividad minera y combatir la minería ilegal, ha generado preocupación entre pequeños y medianos productores, quienes argumentan que su implementación amenaza la estabilidad económica de miles de familias y podría cerrar operaciones legales en todo el país.
Los representantes del sector minero sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial, ya que los mineros legales ya cumplen con diversas obligaciones tributarias y legales. Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, expresó que pagar valores tan altos es insostenible para ellos. Además, advirtieron que esta medida podría incrementar la informalidad en el sector minero, lo que generaría mayores riesgos ambientales y económicos.
La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y evaluar la constitucionalidad de esta norma. Mientras tanto, el gobierno defiende la tarifa como una herramienta esencial para contrarrestar los crecientes problemas de minería ilegal, que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha aumentado de forma alarmante, generando costos fiscales significativos y daños ambientales irreparables. Las tensiones entre el sector minero y el gobierno continúan agudizándose a medida que se espera el pronunciamiento judicial.
