
El 7 de agosto de 2025, alrededor de 1.500 personas se congregaron en Quito para respaldar la decisión de la Corte Constitucional de suspender 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. La movilización fue impulsada por más de 30 organizaciones sociales, sindicales y gremios de la salud y educación. Los manifestantes marcharon desde la Caja del Seguro hasta la sede de la Corte, demostrando su apoyo a la autonomía judicial frente a la presión del Gobierno.
Entre los gremios que convocaron la manifestación se encontraban la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación Médica Ecuatoriana. Durante la movilización, los líderes expresaron su rechazo a la contramarcha programada por el presidente Daniel Noboa, que se llevará a cabo el 12 de agosto, y cuestionaron el uso de recursos públicos para la consulta popular, mientras se necesita atención urgente en los sectores de salud y educación.
El ambiente fue pacífico, aunque con fuerte resguardo policial, y los gremios advirtieron que si la Corte retrocede en su decisión, escalarán sus protestas a instancias internacionales. La movilización en Quito es parte de un creciente descontento social y económico en el país, y se anunció una Convención Nacional de Trabajadores y Organizaciones Sociales programada para el 16 de agosto, indicando que la lucha por la defensa de derechos continuará en las calles.