Ecuador enfrenta una crisis financiera significativa debido a contratos irregulares firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). El contralor general del Estado, Mauricio Torres, presentó informes reveladores ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, que evidencian un perjuicio al Estado de 123,5 millones de dólares por acuerdos defectuosos con las compañías Austral Technical Management (ATM) y Progen. Estos contratos estaban destinados a la instalación de tres centrales térmicas como respuesta a la crisis energética que el país enfrentará en 2024.
Las auditorías revelaron serias irregularidades, incluyendo la falta de garantías y la incapacidad técnica de las empresas contratadas. Los daños económicos se distribuyen entre los proyectos en Salitral y Quevedo, que implican una pérdida de 69,6 millones de dólares, y el proyecto en Esmeraldas, con un perjuicio de 53,9 millones de dólares. El contralor ha indicado que hay 43 personas bajo sospecha de responsabilidad penal, lo que sugiere un escenario complicado para los responsables de las contrataciones, con el gerente general de Celec en el centro de la controversia.
Ante las críticas recibidas y la presión de los legisladores, Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, se comprometió a continuar el seguimiento político sobre este asunto. Se anunció un informe detallado que se presentará al presidente de la Asamblea Nacional, subrayando que no habrá impunidad. Además, se están llevando a cabo auditorías adicionales en otras centrales, revelando un entorno de control y fiscalización que busca superar la crisis en el sector energético del país.
