
En un nuevo giro en su estrategia energética, el Gobierno de Ecuador ha decidido alquilar barcazas para mitigar los efectos del estiaje. La vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, confirmó que tras declarar desierto un concurso para 260 megavatios de turbinas, se activará de inmediato un plan para alquilar energía flotante que sumará 230 megavatios. Esta decisión llega en un contexto crítico, ya que se anticipa que el estiaje, que inicia en septiembre, reducirá el caudal de ríos y limitará la generación hidroeléctrica, que representa el 90% de la matriz nacional.
Las ofertas para las turbinas no cumplieron los requisitos estipulados, revelando fallas en la planificación del sector energético. En 2023, Ecuador ya había probado este modelo de barcazas, cuyo costo ascendió a 250 millones de dólares, pero que resultó en apagones de hasta 14 horas diarias. A pesar de las críticas y evidencias de vulnerabilidades operativas, el Gobierno ha decidido continuar con esta iniciativa, justificándose en la declaratoria de excepción que se estableció en abril de 2024.
Jaramillo ha dejado claro que no se contemplaron las opciones de las plantas termoeléctricas debido a la insatisfacción de los requisitos mínimos por parte de los oferentes. Sin embargo, el anuncio ha levantado preocupaciones sobre la efectividad de las barcazas, especialmente tras una controversia relacionada con presuntos actos de corrupción en el proceso licitatorio. A medida que se acerca el periodo crítico del estiaje, el gobierno deberá demostrar que su fórmula puede ofrecer una solución viable frente a la crisis energética que se avecina.