El Gobierno español ha propuesto una nueva ley para regular la reventa de entradas, ante el escándalo constante de precios exorbitantes que alcanzan cifras astronómicas. Conocida como Ley de Consumo Sostenible, la norma sugiere que la reventa no podrá superar el precio original más una variación del IPC, es decir, si una entrada costó 100 euros y el IPC se ha incrementado en 3%, su precio máximo de reventa sería de 103 euros. Esta medida busca disminuir el exceso de precios inflados en la reventa de entradas, particularmente en eventos de alta demanda como los conciertos de artistas reconocidos.
A pesar de las buenas intenciones, la regulación de precios podría desencadenar un aumento en el mercado negro de entradas. Si la reventa legal queda limitada, los vendedores pueden optar por canales no regulados donde los precios pueden dispararse sin restricciones. Este fenómeno ya era común en ciertas plataformas no oficiales y redes sociales antes de la propuesta de esta ley, lo que significa que existe el temor de que resurja el mercado negro, haciendo que muchos compradores se queden sin opciones seguras.
Casos similares en otros países europeos, como Francia y el Reino Unido, demuestran que a pesar de tener leyes contra la reventa, el mercado negro suele prevalecer. La situación en España refleja un patrón de problemas similares, donde las plataformas de reventa se enfrentan a desafíos permanentes con la especulación y el uso de bots para acaparar entradas. Con la nueva regulación, el riesgo de desestabilizar las plataformas legales puede volverse un obstáculo en la lucha por hacer más accesibles los eventos a la población.
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